JESÚS LÓPEZ MEDEL * Fernández Cuesta, jurista,reformista, hipotecario, Ministro de Justicia y académico
   

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Fernández Cuesta, jurista,
reformista, hipotecario,
Ministro de Justicia y académico

JESÚS LÓPEZ MEDEL
Registrador de la Propiedad

"Revista Crítica de Derecho Inmobiliario"
Núm. 613 - MADRID, 1992.

 

 



El Derecho como integración vital

    Escribo -un poco- para la historia: Don Raimundo Fernández Cuesta y Merelo falleció un 9 de julio de 1992. Después de una larga -y en buena parte penosa, pero bien llevada- enfermedad. En la esquela familiar figuran casi con exclusividad estos cuatro títulos y honores: Abogado, Ministro togado de la Armada, Notario y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Esto ya nos dice algo. En las necrológicas -escasas- se ha hablado más de los aspectos públicos conocidos y, alguno de ellos, los más problemáticos: desde el nombramiento por José Antonio Primo de Rivera como primer secretario general de Falange, hasta la sesión de las Cortes españolas en junio de 1976, ante la Ley de reforma del Código Penal -que despenalizaba el asociacionismo político y que fue defendida por el procurador y director general de Registros y del Notariado Escrivá de Romaní-, siendo presidente del Gobierno Arias Navarro. Fernández Cuesta plasmó un discurso de gran rigor jurídico y patriótico, una pieza magistral, siempre al servicio de España.
    Hay un trecho -naturalmente- muy largo y complejo. No ya desde su nacimiento, 1896, sino desde 1934 en que se le nombró para aquel cargo político hasta su muerte, 1992. ¡Noventa y cinco años de vida española! Pero el aspecto que quiero indagar o subrayar es el de jurista. Porque junto a lo humano y espiritual -de esto último he sabido testimonios edificantes-, posiblemente el Fernández Cuesta jurista impregnaba todo.
    De tal manera que algunas de las circunstancias, de las «posiciones» o de las vicisitudes histórico-personales suya sólo tiene explicación a través de la óptica, del espejo o de la actitud-formación como letrado. (Aunque no sea, ahora y aquí, cuestión de valorar positiva o negativamente la incidencia «externa» a su personalidad de aquellos condicionamientos socio-políticos en cuanto primase la dimensión de hombre de leyes en la mayor parte de los casos).

Formación y dimensiones profesionales

    El primer dato lo tenemos en su propia trayectoria humano-profesional: estudió primero en los Escolapios de Getafe; luego, por libre, en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. A los diecisiete años era oficial de Hacienda y poco después archivero de la Biblioteca Nacional, mientras cursa Derecho, en cuya Facultad se licencia en 1917. Ingresó en el Cuerpo Jurídico de la Armada en 1920 como número 1 (y así figuraba en 1992 como número 1 de los Cuerpos Jurídicos -unificados de Tierra y Aire- hasta su muerte. Y de esto se vanagloriaba). Ingresó después en el Notariado (1926-1929). Ejerció, entre otros sitios, en Cifuentes.
    En 1938, es decir, en plena contienda civil, sobreviviente de la Cárcel Modelo -tras el rosario de cárceles y luego del canje que se hizo por Justino Azcarate-, es nombrado, Ministro de Agricultura por poco tiempo, porque en 1939 le sustituiría Benjumea. Pudo haber sido la «época de la demagogia reformista agraria». Al contrario, la apoyatoria de hombre de leyes le permitió relentizar y preparar posiciones creadoras que anidarían en el Fuero del Trabajo, en cuya redacción en 1938 él intervino muy directamente. Más tarde, en el Fuero de los Españoles.
    Un dato curioso y significativo: dentro de aquella fase -posiblemente la más politizada del «Ancien Régimen»-, en 1939, Fernández Cuesta es nombrado académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Como una meta muy propia del jurista. Tema, «Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de partido y su posición en el Estado nuevo». Ya no tenía entonces ningún puesto relevante en la política activa, pues en 1939 saldría para el Brasil como Embajador, y en 1943 para Roma. Su retorno -enero 1944- le lleva al Consejo de Estado, un puesto de raigambre, y miembro de las Cortes que se crean en 1942.
    En julio de 1945 es Ministro de Justicia; se va a restructurar especialmente la justicia municipal y se aprueban las Leyes de Arrendamientos Urbanos y de Sociedades Anónimas.
    Como luego aludiremos, se pone en marcha el desarrollo efectivo de la Ley Hipotecaria de 1944 (de Reforma) y de 1946 (Texto Refundido).
    En 1956 cesa -como es conocido- de Ministro secretario general del Movimiento junto a Joaquín Ruiz Jiménez. Vuelve a su profesión en la Asesora Jurídica del Ministerio de Marina como Ministro togado.
    En toda esa fase pública se ve una clara trayectoria de jurista. Con algunos matices más que merecen ser anotados aparte. En el fondo, forman una interrelación. Quizá esa manera de estar y de ser en la política como jurista fuera una de las circunstancias de esa «cordialidad distante» que él mismo reconocía con respecto al general
Franco.

En su papel fundacional ideológico

    Fernández Cuesta, mayor en edad que José Antonio (éste tendría ahora ochenta y nueve años), fue su amigo y su albacea -con Serrano Suñer-En la elección como primer secretario general de FE y de las JONS debió primar, sin duda, el bagaje humano y especialmente el talento como jurista. José Antonio amaba el Derecho y la Justicia de manera singular (v. El pensamiento jurídico de José Antonio, Madrid, 1970). Fue la servidumbre, pero también la grandeza de su proyecto político. Era más un filósofo-jurista. Admiraba y seguía a Kelsen -que nos habían traducido Legaz la Cambra y Recansens Siches-. La apoyatura para las otras aportaciones más utópicas -Ledesma Ramos- o espiritualistas -Onésimo Redondo- la encontraría en un pensamiento jurídico equilibrado y realista, conocedor del Derecho como realidad, técnica y vida. Era fundamental el jurista Fernández Cuesta (sobre todo desde la «ausencia» de Alfonso García Valdecasas, que apareció exclusivamente en la Fundación).
    Por razones familiares es como conoció a José Antonio. «Me trataba -dice en Testimonios, recuerdos y reflexiones, Madrid, 1985, pág. 19- dentro de la confianza juvenil, (yo era seis años mayor que él), con cierto respeto; incluso se decidió a seguir la carrera de Leyes por haberla seguido yo». Además la citaba frecuentemente en sus Discursos -por ejemplo, en los del Cine Madrid (22-5-1935), teatro Cervantes de Málaga (21-7-1935), cine Madrid (17-11-1935), cine Europa (2-2-1936), que son, quizá, los que tienen más contenido programático. Y lo cita siempre con relación a temas jurídicos o de trascendencia social, como los de la distinción entre propiedad y capitalismo o sobre el sentido de la justicia social.
    José Antonio, que comenzó a trabajar en la cátedra de Olariaza y que junto a la formación kelseniana se le veía más interesado -ya entonces- por los temas económicos -como Juan Velarde en alguna ocasión subrayó -, descarga en Fernández Cuesta todo el programa (16-1-1936) para las elecciones de 1936, en el capítulo de «La justicia», con visión de futuro: «Justicia para todos..., rápida, segura, no manipulada; benignidad para los más necesitados..., justicia social...».
    Como procesado junto a otros líderes en la causa (Cárcel Modelo, 30-4-1936) por asociación ilegal, Fernández Cuesta con su experiencia jurídico-penal militar aporta datos técnico-procesales muy eficaces (fueron absueltos).
    Esa dimensión de jurista, quizá, para otros aspectos más puramente políticos pudieron representarle una rémora o un límite. José Antonio quiso tenerle siempre a su lado como amigo y, sobre todo, por aquella condición. También por su lealtad, que le acompañó a lo largo de su trayectoria (en 1973 entró en la terna, con Fraga y Carrero Blanco, para la presidencia del Ejecutivo).

En su vida parlamentaria

    Fernández Cuesta, al margen de esas luces y altibajos en su ejecutoria política, como reflejo quizá de la propia evolución y desarrollo del Régimen -lo que no es nuestro tema-, se incorpora a las tareas legislativas de las Cortes españolas, que se crean en 1942, a través de su condición de procurador nato como consejero nacional de designación directa. Forma parte de las Comisiones de Leyes Fundamentales -en la que llegaría a ser presidente- y de la de Justicia -en la etapa final, sustituyendo a Herrero Tejedor tras la muerte de éste. (En sus Testimonios... se recrea hablando de esta etapa).
    En esos treinta años de procurador en Cortes hay el filón de una tarea, de unas aportaciones y de un constante avanzar hacia el Estado de derecho. Se necesitaba mucha prudencia, serenidad y preparación. La posguerra española, seguida de la posguerra mundial, en aquellos años en los que se dictan el Fuero de los Españoles, la Ley de Universidades -vigente hasta la LRU-, etc., requería hombres públicos y expertos cualificados que, siendo leales a las ideas, fueran creadores para la convivencia. Fernández Cuesta retórnala con naturalidad a sus puestos jurídico-profesionales tan pronto como -por razones internas o externas- quedaba desplazado de un cargo político.
    Además de la aportación específica a la legislación hipotecaria, en la que me detendré algo más, de los años en que nosotros fuimos secretario de la Comisión de Justicia de las Cortes españolas pudimos resaltar su sentido humano, su comprensión abierta a los problemas y a los hombres, su preparación, la persuasión u oratoria forense, su mirada viva hacía adelante. Siendo presidente de la Comisión o sentado en su butaca como un miembro más, asiduo y cumplidor. Creo que era la tarea pública lo que más le encantaba, como en su momento la del Consejo de Estado y la de Ministro de Justicia (me decía que le hubiera gustado ejercer letrado de asistencia togada a los trabajadores, como en algún momento lo hicieron con gran limpieza, competencia y honestidad algunos compañeros jurídico-militares).

En la reforma hipotecaria 1944-46.

    Al llegar aquí hago una pequeña confesión: la idea de este trabajo me ha venido al hilo del que estaba preparando sobre una glosa a la monumental obra Leyes hipotecarias y registrales de España, que ha sido preparada por el Colegio de Registradores, editorial Castalia, en varios volúmenes, 1990, con ocasión del V Centenario.
    La influencia de nuestra legislación hipotecaria -y también de la notarial- en el mundo hispanoamericano, así como su originalidad y aceptación muy positiva a la hora de Europa -Maastrich, me ha llevado, entre otros puntos, a recordar y redescubrir las fuentes directas de la reforma de 1944-46, que es consustancial de las leyes hipotecarias anteriores (1861 y 1909, por ejemplo).
    Es una legislación que se mantiene básicamente, acaso, por estar bien hecha. Los retoques -pese a tantas vicisitudes y cambios sociales y legislativos- han sido mínimos. En nuestra «añeja» tesis doctoral Teoría del Registro de la Propiedad como servicio público, ediciones 1959, 1960 y 1991, ya lo habíamos subrayado así.
    Al examinar el tomo III de esa magna obra, con todas las fuentes a mano, hemos podido ver mejor el papel de Fernández Cuesta como jurista.  De tal manea que su tarea, aunque luego haya pasado inadvertida, creo que fue fundamental. Piénsese en estas dos pequeñas circunstancias: se estaba entonces en plena segunda guerra mundial y apenas estrenadas las Cortes españolas. Se pudo pensar en un decreto legislativo rápido u orientado en un determinado sentido ideológico-político. Se optó por la línea reformista, seria, técnica y profesional, pese a la posguerra española, y en la orientación clásica de las reformas hipotecarias, que llegaron a anticiparse al Código Civil de 1888. Así -entre muchos comentaristas- la valoran los comentaristas y académicos De la Rica y Arenal, Sanz Fernández o Roca Sastre. A ras de tierra de nuestra realidad civil-hipotecaria, pero adelante como vamos a ver a continuación.
    Ya en 1934, en momentos sin singulares de la II República española, siendo Ministro de Justicia el Registrador Vicente Cantos Figuerola, se creó una Comisión Asesora Jurídica, más tarde Comisión de Códigos, partiendo de unos criterios básicos -unos cinco- para una reforma hipotecaria, para -se decía ya- incorporar en lo posible experiencias de los Códigos alemán y suizo, facilitar el acceso al Registro, propiciar el crédito territorial o la coordenación Catastro-Registro, etc.
    Estaba, pues, el terreno preparado y se parte en principio de aquel propósito inicial en la República del Ministro Cantos.
   
Hay un anteproyecto de José María Porcioles, Notario y director general de Registros -luego alcalde de Barcelona-, siendo Ministro de Justicia don Eduardo Aunós. La Comisión de Estudio la forman ilustres juristas: el propio Porcioles, presidente; don Jerónimo González, letrado de la Dirección; López Palop y Traval, notarios,  este último de Barcelona; Cirilo Genovés, decano de Registradores; Alonso Fernández, Registrador, luego director general de Registros, y Sanz Fernández (Traval fue sustituido por Nogueras).
    El 27 de abril de 1944 el Consejo de Ministros remitió a las Cortes, presididas por don Esteban Bilbao, el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria (BOC de 27 de mayo). La ponencia la formaban Manuel Batlle, catedrático de Derecho civil y rector de la Universidad de Murcia; Fernández Cuesta, don José María Olozábal -del mundo laboral-, Pagés y Roberto Reyes Morales, de la Asesoría Jurídica Sindical. Las enmiendas que se presentaron las firmaron don Antonio Goicoechea, el propio Reyes Morales, Sánchez Diesma, Rodríguez Jurado, Magistrados; Lorente Sanz Abogado del Estado y subsecretario de Interior -don Blas Pérez González, catedrático de Derecho civil era el Ministro-; el letrado Rafael Carcerán y Manuel Valdés Larrañaga. Afectaron a muy diversos artículos.
    La Exposición de Motivos de ese proyecto de Ley es por sí sola una buena pieza jurídica: se hace una valoración histórica del proceso y de la realidad hipotecaria de 1861; se alude a los cambios sociales y económicos; se recuerda el papel de los principios hipotecarios, a la vez que se asoma ya cierta atención hacia tareas en el futuro, como los patrimonios familiares, el crédito territorial, el desarrollo agrario y protección al colono. Se ponía ya el contrapunto entre una concepción científica y una concepción social ante el Registro, sin saltos bruscos. En lo que respecta a la primera, la mano de don Jerónimo González es clara; en cuanto a la segunda, estará la de Fernández Cuesta como procurador en Cortes, con el prestigio de su paso por el Consejo de Estado. (Para los estudiosos del tema, digamos que toda la discusión y deliberación está literalmente expuesta en dicho tomo III, págs. 21-210. Merece la pena).
    Ante el Pleno de las Cortes, el proyecto fue defendido por uno de sus ponentes, Fernández Cuesta. Es un Discurso digno de releerse hoy, casi a los cincuenta años de pronunciarse, y dentro de las circunstancias singulares. Se observa el rigor del jurista y la serenidad del juicio sobre materia tan árida y de especialidad. Destacó la importancia nacional de futuro, del fortalecimiento de la titularidad registral y de promoción de crédito territorial; hacia un análisis de nuestro Derecho histórico -desde las Partidas y nuestros Fueros municipales-, leyes hipotecarias y Código Civil, con atención a nuestra realidad y la del Derecho comparado, pero sin concesiones que pusieran en riesgo nuestra propia tradición jurídico-hipotecaria y nuestras singulariades.
   
En el Discurso hay una síntesis de los hallazgos técnico-registrales -entonces y hoy verdaderamente progresistas-, se destaca un respeto por el derecho de propiedad, clarificado con respecto a la función social de la propiedad. «¿Que importa -se pregunta Fernández Cuesta- que aumente la riqueza de un pueblo si esa riqueza no sirve para aumentar las condiciones de vida del pueblo mismo?».
    La parte final, propia de la retórica parlamentaria, hace referencia precisamente al desgarramiento que están sufriendo los pueblos, a la presentación del proyecto como una tarea de paz, de trabajo y de futuro. «Porque -dice- sin desentendernos de angustias y sufrimientos (pasados), nuestro espíritu cristiano, nuestros sentimientos de humanidad... hay que ir a una construcción jurídica y material...; que todos quepamos como hermanos y en la que impere la justicia, con la fe puesta en Dios...»
    He hecho esta cita, casi textual, de una parte final del Discurso porque puede mostrar un comedimiento en el planteamiento esencialmente técnico-jurídico que Fernández Cuesta dio al tema de la reforma hipotecaria. Además del análisis global del proyecto y de las enmiendas -algunas de gran altura científica-, la opción intermedia entre un sistema de inscripción declarativa, constitutiva, obligatoria o ante la hipoteca de propietario, fue cuestión medular, acerca de la cual todavía hoy se sigue discutiendo.
    Don Eduardo Aunós, ante el Pleno, como Ministro de Justicia, respaldó o amplió esa posición de la ponencia a través de Fernández Cuesta, entrando en profundidad en algunos puntos significativos, como los artículos 41 o el 131. La voluntad política y el respecto a los criterios jurídicos hipotecarios se manifiesta en esta parte final del Discurso de Aunós; «Nos movió a iniciar su estudio no el deseo banal de retocar caprichosamente cuerpos legales en vigor, sino el consejo leal y documentado de quienes hicieron de estos estudios y de la practica del Derecho hipotecario el norte de su vida. Es deber del gobernante abrir su alma al afán de los mejores e incorporarse al designio renovador por ellos alentado con el poder que su posición dentro del Estado le otorga».
   
El texto fue aprobado en el Pleno con el voto en contra de Rodríguez Jurado. La Ley Hipotecaria lleva fecha de 30 de diciembre de 1944 (BOE 1-1-1945). En la Exposición de Motivos de la propia Ley, en cuya redacción intervino Fernández Cuesta, se hace alguna precisión interesante: reconoce que «exigirá (en adelante) una labor sustantiva y formal..., incorporando a nuestro Ordenamiento jurídico hipotecario luminosa doctrina dispersa en sentencias del Tribunal Supremo y en resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, una preeminente y reconocida autoridad científica y legal que no precisa encarecer».
   
Por lo que antes se decía, y por la segunda y tercera de las adicionales de 30 de diciembre de 1944, como se trata de modificación concreta de artículos había que publicar un Texto Refundido. Los expertos para tan importante labor fueron: López Palop, director general de los Registros; don Jerónimo González como subdirector del Instituto de Estudios Jurídicos; Jordán de Urries, Moro Ledesma, Sancho Seral, Genovés Amorós, Ramón de la Rica, Nogueras, Rafael Núñez Lagos y Sanz Fernández.
   
A los trabajos de esta Comisión siguió un muy amplio informe del Consejo de Estado (v. págs. 287 y sigs. de Leyes hipotecarias...op. cit.). En las sesiones de dicho Consejo estuvieron: Callejo, presidente; Jordana de Pozas, Palacios, Escobar, Durán de Cottes, Lojendio, Suárez de Tangil, Vivar Téllez, Orgaz, Plaza, Zabala, Sanz Orrio, Sáenz de Buruaga, Fernández Valladares, Pérez Platero, Almeida, Saliquet, González Bueno, Castiella y Azcoiti, secretario general.
    El texto refundido -hoy vigente- es de 8 de febrero de 1946, coincidiendo con el 85 aniversario de la Ley Hipotecaria de 1981. Y lleva el refrendo de Raimundo Fernández Cuesta, como Ministro de Justicia.
    Pero mientras se ponía manos a la obra de la refundición de normas, Fernández Cuesta, como Ministro de Justicia -"a quién le ha cabido el honor de suscribir y autorizar la novísima legislación inmobiliaria», se lee en la pág. 413 de Leyes hipotecarias...., citada- nombra un equipo de juristas y especialistas para la redacción del Reglamento Hipotecario con los ilustres letrados de la Dirección General Jerónimo González, Jordán de Urries, y los también ilustres Notarios y Registradores Sanz Fernández Bergamo, Iglesias, De la Rica y Cabello de la Sota, presididos por López Palop.
   
Tal Proyecto de Reglamento pasó al Consejo de Estado: presidente, Callejo, Jordana de Pozas, Escobar, Durán, Suárez de Tangil y Azcoiti. Es un dictamen minucioso, denso, con muchas sugerencias, gran parte aceptadas.
    Se aprueba el Texto Reglamentario el 14 de febrero de 1947, básicamente el hoy vigente. Está firmado por Raimundo Fernández Cuesta y Merelo como Ministro de Justicia.

Académico

    Dejemos al reformista hipotecario, tarea que -junto a la reforma de la justicia municipal, con Isidro de Arcenegui- le ocupó realmente su etapa ministerial, además de las leyes citadas, tan importantes como las de Arrendamientos Urbanos, Títulos Nobiliarios y Sociedades Anónimas.
    Ya anticipamos que en 1939, con la medalla número 3, prácticamente marginado entonces de una política activa, fue deseo suyo ser nombrado académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. No reconoce Discurso como tal dadas las circunstancias. Lo que sí sabemos es que la Academia fue para él un lugar de encuentro con los juristas, cualquiera fuese su signo ideológico; con los colegas, con diversas intervenciones en su sección. Del 30 de junio de 1951 al 30 de junio de 1991 se le anotan 261 asistencias. Llegó a ser vicepresidente de esa institución y en ella se prodigó con lealtad, serenidad, cortesía y amistad. Se encontraba a gusto, como le ocurría con la Comisión de Justicia de las Cortes. Participó cuando le fue posible en las tareas internas. No obstante, hay que anotar el Discurso inagural del curso 1950-51 leído el 17 de enero de 1951, con el título «El hecho sindical en las transformaciones actuales de Derecho». No fue muy conocido ni divulgado, incluso por los ideólogos, políticos o juristas del mundo del trabajo o filósofos del cambio social. Daré un breve resumen del texto fotocopiado de que dispongo.
    Comienza viéndose «aprendiz en varias disciplinas jurídicas y maestro en ninguna, y sometido a la gloriosa pero implacable tiranía del quehacer político», tratando de compensar y servir a la Academia en «la medida de mis fuerzas a la misión científica que le está encomendada».
   
Hace un planteamiento -entonces ya latente- sobre el Derecho público y privado; con unas anotaciones históricas sobre el sistema jurídico de nuestro tiempo, en el que se enmarca del «hecho sindical», alude al problema del capitalismo y las armas de los trabajadores en conflicto, la huelga y la lucha social como «fenómeno natural en el cuerpo social»; advierte que la sociedad no es estática: «El Derecho, para cumplir su verdadero cometido, debe variar a su compás, transformándose en ella... El Derecho es sólo el continente y la vida social, el contenido, al que atentamente debe servir».
   
Después de una referencia a los movimientos sociales, tanto de signo liberal como marxista, con alguna apelación a las declaraciones del Fuero del Trabajo o de los Españoles, incluso a algunas Constituciones, como el artículo 39 de la italiana, apela a un modo sindical con representación unitaria, de sentido nacional, de participación en la comunidad nacional como célula social, no disociados de los otros entes colectivos. Parangonea a Goethe: «Podemos decir que la libertad sindical, como la libertad política, son formas de libertad para el orden».
   
En su conclusión se respira el sentido institucional del sindicalismo como aspiración natural y profesional de trascendencia política y de participación social, ideas que, sin duda, posteriormente, en los propios sindicalismo español y comparado, tratarían de encontrar hueco. Poro este tipo de sindicalismo participativo, institucional, profesional, sin ser correa de transmisión de las ideologías, es, sin duda, una orientación y hasta una «práctica» en los sindicatos modernos.
    La Real Academia de Legislación y Jurisprudencia era para él un lugar de sosiego, de reflexión. En 1973 fue elegido vicepresidente, renunciando tan pronto su salud se resquebrajaba. Los académicos mayores recuerdan o han oído contar sus visitas con José Antonio a la biblioteca, apoyándose mutuamente en la escalera para coger libros.
    Era solícito y cariñoso en las contestaciones a los recipendarios; por ejemplo, a Jordana de Pozas (1964), Sanz Orrio (1964), Coronel de Palma y Azcárraga Bustamante. Pero participó también en trabajos, discursos o ponencias sobre cuestiones que la Academia o el momento interesaba, tales como sobre el régimen local, juristas coetáneos a la erección del Escorial, transformaciones del Derecho del trabajo español (con Bayón), Ley Orgánica del Estado, sobre la URSS (con Legaz), necrológica en honor de Castán, Ley sindical, objetores de conciencia, Derecho y energía nuclear, Derecho constitucional, materialismo dialéctico, Derecho marítimo. Hacia 1987 comenzó una ponencia sobre «Hombre, sociedad, Estado». Y acostumbraba a asistir a las Conferencias de personas ajenas a la Academia, las cuales seguía con atención, comprensión y aliento. Un académico de cuerpo entero.

Jesús López Medel
Registrador de la Propiedad

 

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