Jesús López Medel

Académico

puerta

LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA Y LAS TASAS JUDICIALES


De mis estudios académicos más recientes sobre la Administración de Justicia, resalto dos de ellos: uno, para la obra colectiva, “El estado de España”, 2005, preparado por las diez secciones de la Real Academia de Doctores de España, siendo su presidente Alberto Ballarín Marcial, titulado “El estado del Derecho y de la Justicia en España”, que ACTUALIZADO incorporé a mi obra “España en la encrucijada. ¿HACIA una segunda transición?”, 2009. Y el otro, “Reflexiones sociopolíticas sobre el Tribunal Constitucional en su operatividad y fronteras”, dentro de los volúmenes “Cuestiones actuales de la jurisdicción en España”, editados por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 2010. (V., no obstante, nuestra obra “El Estatuto de Cataluña. Una meditación sobre España”, 2010).

Digo esto, COMO explicación de que el tema de las tasas judiciales, puesto en marcha por la Ley 10/2012, debió de situarse, no como previo al de la reforma de la Administración de Justicia, sino después de que se entrase en ella, y superados y corregidos los muchos aspectos que pudiesen encauzar las reformas concretas, con sus efectos, a posteriori, de las tasas judiciales. Y, en segundo lugar, que he esperado a su publicación completa, para que no se entendiese como beligerante una opinión, dentro de la prolija que ha sido la reacción no sólo popular, sino de los expertos, técnicos, tanto de la magistratura, como de los profesionales. Dicho esto, reconozco, pues, ese clamor, y mi deseo de aportar, más serenamente, algunas ideas. (Con mi respeto PERSONAL hacia el Ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón. Por un sin fin de razones, y de entre ellas la de mi relación-amistad con su padre José María, con quien, en el antiguo régimen, hicimos “pinitos” en la TVE sobre cuestiones universitarias y jurídicas).

La razón, más profunda, se ha dicho, para modificar las tasas judiciales es de la de ralentizar y aminorar la acumulación de procedimientos judiciales, y económicamente contribuir a dotar la PARTE de “justicia gratuita”, actualmente afectada por los recortes, que debieron ser los últimos que se hiciesen.

El acceso a la justicia, y los impedimentos económicos, no pueden erosionar el principio consagrado en la Constitución, artículo 24, sobre la tutela judicial efectiva de las personas ante los jueces y tribunales. A aquel principio hay que someter la adecuación de las tasas, dentro de la oportunidad, o no, de aquéllas, y en el GRADO y medida de su cuantía. La impresión, tanto por los mínimos, como por los máximos, es que puedan desaconsejar a las personas la litigación sobre multas pequeñas, sean fiscales, o de tráfico, etc., y afectar al núcleo más general de la clase media, a la que no alcance la justicia gratuita.

Pero la reflexión más fuerte ESTÁ en analizar o investigar que entre las causas de la proliferación de pleitos está la carencia de una buena técnica jurídica, o en los despropósitos de la misma. (En mi etapa en la Comisión General de Codificación 1962-1978, adscrito a las Secciones de Derecho Administrativo y Civil, y en esta última incluyendo el ámbito matrimonial, en donde ya se pudo acusar tal desbordamiento, y en algunos casos con carencia de una técnica o asesoramiento). En la actualidad, con unas autonomías, en las que su poder legislativo es más o menos profuso, y en algunos casos profuso, se destaca más la proliferación. Y en materia de educación, por el adoctrinamiento de la enseñanza. En materia de PERSONAL militar, en la etapa de Carmen Chacón, se contaron por miles los recursos. No así cuando hay una legislación clara, al respecto, como en la responsabilidad directa de Notarios y Registradores de la Propiedad. El arbitraje, la mediación, la jurisdicción voluntaria, en revisión.

Tanto, pues, en el tronco de las leyes sustantivas, como en las de procedimiento, la reforma de la ADMINISTRACIÓN de Justicia es el antídoto más preventivo para las tasas judiciales. E incluso para devolver, en el caso de las renovaciones del Tribunal Constitucional, a sus justos límites, el camino desmesurado, con portillos abiertos, y las graves consecuencias de reformas estrictamente políticas sobre la composición y funcionamiento. Esto es aplicable a todas las jurisdicciones.

Tras estos puntos, finalmente, quiero anotar aquí, para el momento en que se ponga en marcha el dispositivo de la reforma de la Justicia: uno, el de la PARTICIPACIÓN de la sociedad, a través de los agentes afectados y sectores profesionales más implicados, lo que en la nueva Ley de 2012 no se ha dado; que cuando se haga una reflexión sobre las tasas, se piense también en el efecto que pueden suponer respecto de Europa –la pregunta que se suele hacer don Juan Velarde, “¿Desconfianza en Europa?”. Y común a ambas, el riesgo de la politización del Consejo General del Poder Judicial, que desde la etapa de Zapatero parece continuar nuestra idea “regeneracionista” –¿se vuelve pues a posponer?

Jesús López Medel
Académico. Jurista.